La presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, Berta Tomás, ha indicado que es preciso desarrollar el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, conocido como 'tasa Google', ante el previsible incremento de la digitalización que va a experimentar la economía como consecuencia del confinamiento por el Covid-19 y el mantenimiento de las medidas de distanciamiento social durante un tiempo prolongado.

Berta Tomás, en una entrevista con Europa Press, apuntó que se trata de un impuesto que se ha propuesto en el seno de la OCDE y que la pandemia supone un "contexto importante" para desarrollarlo y compensar así parte de la caída de los ingresos públicos por la crisis del coronavirus.

En todo caso, afirmó que este impuesto, ya aprobado por el Gobierno y en tramitación parlamentaria junto con la 'tasa Tobin', tiene que "ir de la mano" de la necesaria cooperación internacional, tanto en el seno de la UE, como de la OCDE.

En cambio, los inspectores de Hacienda se muestran más reticentes con el Impuesto sobre Transacciones Financieras ('tasa Tobin'), ya que advierten de que puede suponer un "quebranto" para los pequeños ahorradores y para las empresas cotizadas españolas, al tiempo que alerta de la "deslocalización" de las inversiones hacia jurisdicciones más competitivas que la española, cuestión que ante el escenario de crisis actual puede ralentizar la recuperación económica.

Asimismo, la organización de inspectores, que reclama una reforma fiscal integral, tampoco es muy partidaria de la propuesta de algún partido político de crear la denominada 'tasa Covid' para sufragar el mayor aumento sanitario y social derivado del coronavirus.

En opinión de Tomás, tanto si se aplica como un recargo a las rentas más altas del IRPF como a través del Impuesto de Patrimonio, bonificado en gran parte de las comunidades autónomas, tendrá "poca potencia recaudatoria".

"Es, por lo tanto, más importante reordenar el sistema tributario que crear parches transitorios", indica Tomás, quien, no obstante, admite que la creación de impuestos cuya recaudación tiene una finalidad determinada suelen ser bien aceptados por la sociedad y eso normalmente conlleva un mayor cumplimiento tributario.

En este contexto, los inspectores de Hacienda del Estado reclaman al Gobierno una reforma fiscal completa, que no sólo afecte a los grandes impuestos, sino también a los tributos en manos de las comunidades.

Según el análisis de la organización, en materia de IRPF, los asalariados que se encuentran dentro de la clase media son los que soportan la mayor carga tributaria, y en materia de Impuesto de Sociedades, el tipo efectivo en ocasiones cae por debajo de unos mínimos que no se ajustan a las ganancias obtenidas por algunas empresas.