Actualizado: 3 de octubre de 2006

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La ofensiva contra los inmigrantes
(y los derechos de los trabajadores)

La cumbre de ministros de Exteriores e Interior de los países mediterráneos de la Unión Europea ha discutido sobre inmigración. Los ministros de los 8 países han decidido proponer que sea la Unión Europea quien decida sobre la regularización de los inmigrantes "sin papeles".

En esto los ministros no hacen sino someterse a las exigencias del comisario europeo "de Libertad, Seguridad y Justicia", Franco Frattini, que el 7 de septiembre salió a la palestra en un artículo publicado en el diario francés Le Figaro titulado "Inmigración: el deber de firmeza de la UE", exigiendo una mayor severidad legal contra quienes den empleo a inmigrantes indocumentados en la Unión Europea, y se pronunció en contra de las "regularizaciones masivas".

El mandamás comunitario explicó que este tipo de procesos, como el llevado a cabo por el Gobierno español el pasado año (al que se refirió expresamente), "convierten una violación de las leyes del Estado en una residencia legítima y permanente". Las "regularizaciones masivas", en su opinión, "envían una señal seductora que favorece la llegada y establecimiento ilegal" de clandestinos. "Estas ofertas provocan un 'efecto llamada' muy peligroso", juzgó Frattini.

El comisario pidió a los países que sean más severos en sus discursos y "eviten enviar mensajes conciliadores que puedan ampliar el fenómeno" de la inmigración ilegal en la UE.

Comentando lo decidido en la cumbre mediterránea de la UE, la Vicepresidenta del Gobierno, Mª Teresa Fernández de la Vega, parecía un eco de Frattini: "Mi Gobierno puede compartir -de hecho comparte- que no debe haber regularizaciones, sin más ni más, ¡Por supuesto! (...) Y estoy segura de que en un futuro próximo todos actuaremos siguiendo los criterios, la política común que fijemos todos juntos en la Unión", dijo Fernández de la Vega.

Las palabras de Fernández de la Vega siguen a las de diversos dirigentes políticos que en las últimas semanas han expresado opiniones sobre la necesidad de "controlar" la inmigración.

El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, abría el fuego al declarar que el mercado laboral "tiene límites y no puede absorber a todos los inmigrantes que llegan a España", por lo que defendió la necesidad de acoger únicamente a los inmigrantes que "puedan contar con un trabajo digno, con buenas condiciones y nada más". El ex ministro de Industria y candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, Josep Montilla, explicaba que Cataluña está "prácticamente al límite" en la acogida de inmigrantes, y que la prestación de servicios sociales que demandan "en algunos casos, comportan o pueden comportar pérdidas de servicios para los ciudadanos de Cataluña". En esta situación que "raya el límite", según Montilla, hace que "no nos podamos permitir muchas más tarjetas sanitarias", así como "otros problemas que genera el fenómeno de la inmigración, en la escuela, en el ambulatorio o en la demanda de vivienda y otros servicios de carácter social". ¡Como si los problemas de la enseñanza o la sanidad de Cataluña fueran culpa de los inmigrantes, y no del déficit cero impuesto por Bruselas y la política de privatizaciones del pujolismo, que el tripartito no ha corregido. El candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat, Josep Lluís Carod Rovira, dijo, en relación a la inmigración, que ni Cataluña ni ningún país del mundo "puede pagar la educación de todo suramericano, ni la sanidad de toda Africa, ni la atención a la gente mayor del Extremo Oriente". Montilla dijo que en estos momentos hay que lanzar dos mensajes: que la capacidad de acogida es "limitada" y que los que entren ilegalmente serán repatriados.

Montilla dijo que "a pesar del enorme esfuerzo que se está haciendo y se va a seguir haciendo, la capacidad de acogida, en este caso de inmigrantes, es una capacidad limitada".

Siguiendo este razonamiento, otros responsables del PSOE han planteado que debe procederse a la expulsión masiva de inmigrantes.

Veamos qué significa esto. El Instituto Nacional de Estadística calcula que en España hay unos 800.000 inmigrantes sin papeles. Otros suben el cálculo a un millón. Si Chaves tuviera razón, tendríamos unos 800.000 inmigrantes viviendo sin trabajar. Serían 800.000 personas mendigando o robando para comer. Se notaría. Pero evidentemente la cosa no es así. Esos 800.000 inmigrantes están trabajando, sobre todo en la construcción, en la hostelería, en los servicios. Cualquiera puede verlo con asomarse a una obra o ver quién cuida a los ancianos.

Naturalmente que el mercado laboral "puede absorber" a estos trabajadores. Se trataría simplemente de legalizar su situación, de que los empresarios cotizaran a la Seguridad Social, pagaran el salario de convenio, cumplieran los contenidos del mismo. De cumplir lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores, cuyo artículo 8, sobre forma del contrato, establece que "El contrato de trabajo se podrá celebrar por escrito o de palabra. Se presumirá existente entre todo el que presta un servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de otro y el que lo recibe a cambio de una retribución a aquél". Y que deberán constar por escrito todos los contratos de trabajo temporales o a tiempo parcial, de manera que "de no observarse tal exigencia, el contrato se presumirá celebrado por tiempo indefinido y a jornada completa, salvo prueba en contrario que acredite su naturaleza temporal o el carácter a tiempo parcial de los servicios". Es decir, si la Inspección de Trabajo aplicara esto a todo trabajador inmigrante, se incrementaría el número de cotizantes a la Seguridad Social en al menos 500.000 personas.

Chaves afirmaba que "tenemos que impedir la inmigración ilegal y si se produce tenemos que hacer todo lo posible por repatriarlos con todas las garantías jurídicas; es difícil, pero hay que hacerlo". Pero si todo trabajador "clandestino" está amenazado de expulsión, tendrá que convertirse en cómplice del explotador que lo contrata. Aunque sea prácticamente imposible expulsar a un millón de inmigrantes, la amenaza perpetua de expulsión les coloca, de hecho, en las manos de los empresarios que les someten a la más extrema explotación.

Esa es precisamente la clave de la política de inmigración de la UE: mantener una "bolsa" de trabajadores sin derechos que sirva a los empresarios como mano de obra baratísima y como elemento de presión a la baja de los convenios colectivos y los derechos laborales.

¿Un fenómeno "global"?
¡Ruptura con la Unión Europea!

En declaraciones a TVE, Chaves aseguró que "la inmigración es un fenómeno universal, efecto de la globalización, que requiere una solución global" y se mostró convencido de que "si todos los países de la Unión Europea no se implican en el desarrollo económico de los países de origen, no habrá solución en muchos años". Chaves apostó en primer lugar por reforzar la cooperación con los países de origen, algo en lo que reconoció que "la Unión Europea hasta ahora no se ha implicado y estamos presionando para que se implique".

Pero la inmigración no es producto de la fatalidad. Es precisamente el resultado de 30 años de "implicación" de los países imperialistas y las instituciones del imperialismo en África. 30 años de privatizaciones y deuda externa que han expulsado de su trabajo a millones de africanos, pero también de explotación de los recursos naturales. Sin ir más lejos, recientemente la presa explicaba que a pocos años del acuerdo pesquero de la Unión Europea con Senegal, los recursos pesqueros de ese país estaban muy mermados, y que miles de pescadores artesanales de ese país habían perdido su medio de vida. Ahora… tripulan cayucos hacia Canarias.

Precisamente, las autoridades de Bruselas se disponen a "presionar" a los países africanos para que readmitan a sus inmigrantes so pena de cortarles las "ayudas", en función de una cláusula del Acuerdo de cooperación europeo con los países de África, el Caribe y el Pacífico. La cuestión de la inmigración ilegal se convierte así en un medio adicional para someter esos países al saqueo y la dominación por parte de los imperialismos europeos.

Pero al mismo tiempo, como hemos visto al principio, la Comisión Europea, secundada por los gobiernos, insiste en declarar ilegales y sin derechos a millones de inmigrantes. Como reconocía el proamericano Sarkozy después de denunciar la regularización de Zapatero, hay que expulsar a algunos y mantener una bolsa de inmigrantes ilegales sin derechos. Es un instrumento central de la Unión Europea para reventar los mercados de trabajo: los convenios colectivos, las leyes y reglamentaciones laborales, la protección social.

Con razón UGT y CCOO apoyaron legalización de los trabajadores ilegales, sin ello no es posible defender las conquistas y derechos de los trabajadores. El movimiento obrero no puede tener más posición que defender la igualdad de derechos de todos los trabajadores. Pero la Unión Europea crea ilegales porque quiere reventar el valor de la fuerza de trabajo. Los miles de muertos en las aguas del Mediterráneo y del Atlántico son así una parte de la destrucción de la fuerza de trabajo por parte de la Unión Europea. La destrucción de los servicios públicos, la protección social, de las condiciones de trabajo (precariedad, siniestralidad) son otros aspectos de esa misma ofensiva. Y la bolsa de trabajadores declarados ilegales, parias, es una pieza fundamental del dispositivo para destruir a las clases obreras europeas.

Por eso es indispensable desarrollar una batalla en todo el movimiento obrero para que nuestras organizaciones se enfrenten a la Unión Europea y a la sumisión de los gobiernos respecto de la Unión Europea. Como han propuesto compañeros belgas delegados a la Conferencia Obrera Europea de Berlín, tenemos que constatar, mediante el intercambio en el movimiento obrero de cada país, los resultados destructivos de la política de la Unión Europea, para impulsar la ruptura de nuestras organizaciones y de cada nación europea con la Unión Europea.

La preparación de un Encuentro de Trabajadores y Jóvenes para enero con el eje de la Unión de Repúblicas Libres es inseparable de ese combate. Cada delegación ha de ser portadora de sus acusaciones contra Bruselas y sus agentes. Cada compañero que participa en la preparación del Encuentro Europeo debe poner en común sus propuestas y su actividad con los demás compañeros participando en la formación de delegaciones al Encuentro.

Por qué no apoyamos a Heloisa Helena

Intelectuales de distintos países han difundido un manifiesto en el que piden el voto en las elecciones presidenciales de Brasil a la senadora Heloisa Helena, a la que presentan como "la mujer socialista" por excelencia. Entre ellos, Michael Lowy, sociólogo francés, Daniel Bensaid, Noham Chomsky, Ken Loach, James Petras. A ellos se unen responsables políticos de todo el mundo, entre los cuales destacan dirigentes de la LCR francesa, del MST argentino, del PSTU de Brasil y sus correspondientes corrientes internacionales. En el Estado Español, apoyan a Heloisa Helena Espacio Alternativo, Revolta Global, el PRT-IR.

En ese manifiesto de apoyo se expone que: "mientras el Gobierno de Lula siguió un típico curso social-liberal, desencantando a millones de personas que habían votado por él con la esperanza de un cambio social radical, Heloisa Helena y sus camaradas permanecen fieles al programa antiimperialista y socialista original del PT". Y añade: "Ella es la candidata que levanta las banderas históricas del movimiento obrero en Brasil, de los campesinos, de los pobres y de los oprimidos".

Algunos lectores de la Carta Semanal nos han preguntado por qué no apoyamos esta candidatura. Trataremos de responderles.

El programa de H. H. y el Frente de Izquierdas de Brasil ¿corresponde al programa socialista y antiimperialista original del PT? Detengámonos en algunas cuestiones

Por ejemplo, sobre la cuestión de la reforma agraria sobre la que H. H. declaró, en un programa de televisión, que debía limitarse a las tierras que no producían y hacerse "dentro de los marcos de la ley". O sobre la deuda externa, con respecto a la cual, tras exponer que "El presupuesto de la Unión es consumido en cerca de 40% por el pago de los intereses de la deuda pública, quedando para las inversiones menos del 5%". El programa dice: "Defendemos la propuesta de Jubileo Sur contra la deuda: suspender el pago de la deuda externa y realizar una auditoria". Lo mismo sucede con otras cuestiones vitales, como el "rechazo al ALCA", sin hacer referencia al Mercosur (mecanismo que proponen ahora los Estados Unidos para "colar" el ALCA que los pueblos rechazan) ni al alto a las privatizaciones, sin hablar en particular de la exigencia de Vale do Rio Doce, adoptada en el último congreso de la CUT (cuestión incluida en el programa de forma ambigua, pero rechazada en público por H. H. y su candidato a vicepresidente).

Pero una de las cuestiones que más indignación ha levantado sobre H. H. es su posición sobre el derecho al aborto

Heloisa Helena y el derecho al aborto

Durante los últimos meses, diputados del Partido de los Trabajadores así como del PCdoB con el apoyo del Gobierno presentaron un proyecto que aumenta la lista de casos de interrupción de embarazo de los que se hacen cargo los servicios públicos de sanidad.

Pero, después de una reacción furiosa de la derecha, se presentó un nuevo proyecto más limitado. La Iglesia Católica, a pesar de todo, continúa opuesta a este proyecto. Este proyecto está bloqueado a nivel del Congreso y la responsable de Mujeres del Partido de los Trabajadores, lulista, envió una carta a los miembros de la dirección nacional del PT denunciado este bloqueo.

En Brasil la interrupción voluntaria del embarazo se considera un crimen salvo si el embarazo pone en peligro la vida de la madre o es consecuencia de una violación. La pena prevista es de entre 1 y 10 años de cárcel.

Cada año, un espantoso número de mujeres y de jóvenes, de las más desfavorecidas, en particular en la periferia de los grandes centros urbanos como São Paulo, Río, Salvador, Porto Alegre… mueren en clínicas clandestinas o en casa de "curanderos" que cobran sumas astronómicas. De tal modo que el aborto clandestino constituye hoy la tercera causa de mortalidad maternal.

Según los datos oficiales, en 2004, hubo 243.998 hospitalizaciones como consecuencia de un aborto clandestino, mientras que sólo se practicaron legalmente en el hospital 1.600 interrupciones de embarazo.

No obstante, Heloisa Helena se manifiesta contra el aborto en el semanal Opinión de la ciudad de Goinia, el 25 de septiembre de 2005. En respuesta a la pregunta de un periodista: "El gobierno quiere legalizar el aborto. ¿Es usted favorable a la descriminalización del aborto?". A lo que Heloisa Helena responde: "¡Estoy en contra!"

En respuesta a estas declaraciones, está siendo firmado un llamamiento internacional, en el que se dice:

"Para todas las mujeres del mundo, para todos los socialistas, para todos los demócratas y progresistas del mundo entero, ¿no debe figurar la descriminalización del aborto en primera línea de cualquier programa que se manifieste verdaderamente a favor del socialismo y la libertad? En primera línea de esas libertades, ¿no están los derechos de las mujeres que siguen estando por conquistar o incluso por reconquistar en el mundo entero y en Brasil en particular?"

"¿Cómo comprender esta toma de posición de una candidata que se declara a favor del "socialismo y la libertad", en el preciso momento en que, por fin, está siendo examinado un proyecto de ley de "descriminalización" del aborto, presentado por el diputado Jandir Feghali del PCdoB, y apoyado por el grupo parlamentario del PT brasileño?"

"¿No es el" primer deber de cualquier candidato que se manifieste a favor del "socialismo y la libertad" apoyar ese proyecto de ley y decir que, tan pronto sea elegido, hará votar la ley que descriminaliza la interrupción voluntaria del embarazo, respondiendo así a la exigencia de las mujeres y del movimiento obrero en Brasil y en todo el mundo, reconociendo a las mujeres esta libertad fundamental que constituye el libre derecho a la procreación, a la maternidad y reconociendo la libertad de todas y cada una de ellas a elegir según sus convicciones religiosas o filosóficas que pertenecen al ámbito privado?"

"Heloisa Helena justifica su toma de posición recordando que es cristiana. Es su derecho y nosotras lo respetamos. La religión es un asunto privado. Y ella no se está expresando a título privado. Se está expresando como principal dirigente de un partido que se dice ‘a favor del socialismo y la libertad’; se está expresando como candidata de ese partido a las elecciones presidenciales".

El llamamiento internacional concluye: "Por nuestra parte, fieles a los ideales y al programa democrático y socialista de aquéllas y aquéllos que no precedieron en el combate por la emancipación de las mujeres, consideramos que no hay progreso social, no hay avance democrático posible si no es acabando con todo el arsenal de leyes reaccionarias dirigido contra las mujeres y particularmente contra su libre derecho a la procreación". Una opinión que los militantes de la IV Internacional compartimos plenamente. No hay socialismo y libertad sin liberación de la mujer, como no habrá liberación de la mujer sin socialismo.