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DIGNIDAD Y DERECHOS

Zapatero se presenta como un político entregado a ampliar los derechos de la gente. En este empeño supuestamente nobilísimo siempre destaca en sus discursos y declaraciones públicas lo que él considera el ejemplo más paradigmático en este campo: el derecho a abortar. En su reciente arenga a veinte mil fieles enfervorizados en Vallecas lo ha expresado con total claridad: “una ley que garantice a las mujeres la dignidad cuando decidan la interrupción voluntaria de su embarazo”. Resulta sorprendente la falta de rigor semántico del lenguaje progresista posmoderno. Un aborto no interrumpe la gestación porque si se tratase de una mera interrupción podría reanudarse posteriormente. Por supuesto, no es así. Una vez truncada la vida humana incipiente que late en el seno materno, el suceso es irreversible y nada podrá ponerlo en marcha de nuevo. Ese ser llamado a tener un rostro, un nombre, una trayectoria individual única e irrepetible, es aniquilado sin remisión. Pero trampas semánticas aparte, llama la atención la utilización de la palabra dignidad para referirse a un acto que nada tiene que ver con esta cualidad excelsa de ciertas conductas. Un aborto jamás puede ser digno. De hecho, se trata de un episodio en la existencia de la mujer que puede ser calificado de trágico, de triste, de traumático, de doloroso, un trance que muy frecuentemente es suciamente sórdido. Únicamente una mente perversa se atrevería a ver dignidad en ese quirófano en el que una madre potencial yace inerme y sedada para someterse al bisturí de un profesional que se comprometió en su día a preservar la vida y que ahora se dispone a eliminarla. Si ZP está convencido de lo que dice, estamos ante un hombre profundamente equivocado. Si en realidad no cree en sus afirmaciones, pero las enuncia con el fin de ganar votos explotando vilmente las miserias y las debilidades de sus conciudadanos, hemos de llegar a la conclusión de que es una persona despreciable. En ambos casos, librarnos de este azote, más que una necesidad política, es una cuestión de supervivencia. De legítima defensa, en definitiva. 

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LA CADERA DE LA ABUELA

En una reciente entrevista con David Leonhardt del New York Times, Barack Obama hace un balance de sus primeros cien días en la Casa Blanca. En particular, llama la atención y suscita cierta inquietud su respuesta al periodista en relación con la reforma del sistema de salud norteamericano. El presidente de los Estados Unidos reflexiona sobre un tema que en su país es enormemente sensible y centra el problema en el coste de la universalización de la asistencia. Tras afirmar que resulta obligado mantener el gasto sanitario bajo control pone el énfasis en la carga que representan para el erario público los cuidados a las personas que padecen patologías crónicas y a las que se encuentran “al final de sus vidas”. Dado que nadie puede saber cuánto más va a vivir un anciano, se entiende que Obama tiene en mente a los enfermos terminales. De hecho, esta apreciación se confirma cuando el inquilino de la Casa Blanca recurre al ejemplo de su abuela que, aquejada de un cáncer en fase muy avanzada, se rompió el fémur y decidió someterse a una operación de prótesis de cadera. La intervención se realizó con éxito, pero a las pocas semanas su abuela fallecía de cáncer. Este doloroso episodio familiar conduce a Obama a plantearse en voz alta si realmente tenía sentido en términos de coste-beneficio la implantación de una nueva cabeza de fémur a su abuela. Reconoce que desde su óptica individual y subjetiva de nieto de la señora sufriente, cualquier esfuerzo para mejorar la calidad de su existencia está justificado, pero también afirma que desde la perspectiva de la gestión del sistema de salud en su conjunto quizá la conclusión fuera distinta. Sobre los crónicos no aclara nada, aparte de su simple mención. El anuncio de la convocatoria de un comité de expertos “independientes” formado por médicos, científicos y especialistas en ética enciende algunas luces de alarma. En el momento en que el enfoque sobre el tratamiento que deben recibir sus conciudadanos que se hallan en “el final de sus vidas” o que arrastran enfermedades crónicas requiere el concurso de moralistas, se abre la puerta a todo tipo de sospechas, sobre todo si los susodichos expertos se sitúan en ámbitos ideológicos “progresistas”. Habrá que ver como evolucionan los acontecimientos en este tema, aunque los signos iniciales son intranquilizadores. 

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OÍRLO PARA CREERLO

             La desfachatez del Gobierno ha dejado de producir indignación para provocar incredulidad. ¿Es posible que personas a las que se supone dotadas de sentido del ridículo, aunque sea mínimo, puedan decir determinadas cosas sin sufrir traumas psicológicos irreversibles? La dulce Trini, la de la sonrisa chispeante, se ha arrancado con la siguiente afirmación: “Si hay alguien capaz de afrontar la crisis y seguir manteniendo el nivel de protección social es precisamente un Gobierno de izquierdas”. Veamos. Si la memoria no nos falla, cuando el PP llegó al poder en 1996 tras trece años de socialismo la Seguridad Social estaba quebrada y hubo que arbitrar un crédito extraordinario para pagar las pensiones porque la relación cotizantes/pensionistas era 2.06. Durante los ocho años de gobiernos de centro-derecha este parámetro subió hasta 2.50, es decir, un 21%, y el sistema de protección social se consolidó. Desde que ZP pulula por La Moncloa, la relación cotizantes/pensionistas ha aumentado en un 5%, o sea, cuatro veces menos que con Aznar, y en estos momentos experimenta un rápido deterioro. Por eso el gobernador del Banco de España ha advertido que es necesaria una reforma del sistema de pensiones si queremos mantener su viabilidad. Sigamos. En tiempos de mayorías del PP en el Congreso, el paro descendió en un 50%, del 22% al 11%. En la luminosa era ZP, la tasa de desempleo ha crecido en un 55%, del 11% al 17%, y todo apunta a que pronto llegaremos por desgracia al 20%. Por consiguiente, son los gobiernos liberal-conservadores los que garantizan la solidez del Estado del Bienestar y son los “progresistas” los que lo arruinan. La fórmula zapateril para combatir la crisis, según ha proclamado en la presentación de sus candidatos a las europeas, es “tesón, coherencia y principios”. ¿Qué tal si en lugar de palabras huecas hubiera dicho “austeridad, competitividad y confianza”? ¿O “unidad nacional, gran pacto social y reformas estructurales”? Pero, claro, entonces ZP no sería ZP, sería un estadista y tendríamos alguna esperanza de salir del hoyo en el que nos ha metido por su imprevisión, su dogmatismo y su incompetencia.  

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EL INCORDIO CATALÁN

          El flamante Vicepresidente tercero del Gobierno se ha reunido con su correligionario y paisano Presidente de la Generalitat de Cataluña. El hecho de que dos andaluces de pura cepa como Manuel Chaves y José Montilla se encuentren para una negociación en la que el primero representa al Estado y el segundo a una Comunidad sometida al yugo nacionalista en su impostado papel de heredero de Maciá y de Companys forma parte del reino del absurdo en que se ha transformado nuestro tinglado autonómico. Para el pobre Montilla habrá sido un alivio poder por fin hablar en español con alguien después de tanto tiempo forzado a expresarse en un catalán deficiente y ortopédico. El punto principal de la conversación entre los dos preclaros hijos de la tierra de María Santísima ha sido el dinero, muy en la línea de la identidad de adopción del President cordobés. Para Chaves el papelón al que le obliga su jefe de filas ZP es de alivio. Ha dicho dos cosas a la salida de la cumbre España-Cataluña dignas de ser resaltadas por lo que representan de humillación del Gobierno de la Nación ante el gobierno de la supuesta nacioncilla. Una es la aceptación del método bilateral para decidir el trozo que se va a llevar la Generalitat del pastel común español y la otra el tragarse que la cantidad que reciba el tripartito no puede en ningún caso colocar a Cataluña por debajo de la media española en renta per cápita. Ambos planteamientos son absurdos, la bilateralidad por inconstitucional y la fijación de una obligación relativa al conjunto español por arbitraria. Hay que recordar una vez más que, según firme doctrina del Tribunal Constitucional, la financiación autonómica no es un tema a resolver entre el Gobierno central y cada Comunidad por separado, sino una materia a dilucidar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de acuerdo con los intereses generales de España. De la misma forma que la contribución de cada Autonomía a la solidaridad viene determinada por su riqueza, a la hora de asignar los recursos comunes el Estado ha de tener en cuenta las necesidades de la totalidad de la Nación. Si una Comunidad, por su nivel inferior de desarrollo, requiere un impulso superior al de otras, debe recibirlo sin que sea admisible limitación alguna ajena a este enfoque integral. Además, si existe una media es que unas Comunidades se encuentran por debajo y otras por encima de la misma. ¿Quiénes son Montilla, Carod y Saura para decidir los territorios españoles que se sitúan en un determinado nivel haciendo rancho aparte del resto de sus conciudadanos?  

          El inefable Chaves ha afirmado que la bilateralidad es compatible con la multilateralidad, que es algo así como descubrir que los círculos pueden ser cuadrados. La solución de ZP al incordio catalán, o mejor dicho, al incordio nacionalista catalán,  es, muy en su estilo, la huída hacia adelante, más déficit, menos legalidad constitucional y más disgregación. El mero pensamiento de que, a menos que recuperemos la lucidez, nos quedan tres años de esta pesadilla, conduce a la desesperación o a la movilización. O a las dos en su orden sucesivo.  

 

                                                                            

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GALICIA, UNA OPORTUNIDAD

   El discurso de investidura de Alberto Núñez Feijóo ha sentado algunos principios que marcan una clara diferencia con el gobierno socialista-nacionalista que ha perdido las elecciones. Su propósito de reducir notablemente el número de Consejerías y de altos cargos de la Administración autonómica, así como de establecer una política de marcada austeridad en el gasto público, representa una comprensión digna de encomio de la naturaleza y el origen de las dificultades económicas que padecemos y de los remedios que deben ser aplicados. Asimismo, su anuncio de derogación del decreto sobre uso del gallego indica una decidida voluntad de devolver a sus paisanos su derecho a la libre elección de la lengua oficial en la que desean escolarizar a sus hijos y de eliminar cualquier forma de discriminación lingüística en las relaciones de los ciudadanos con los poderes públicos. Sin embargo, estos notables aciertos han ido acompañados de otra propuesta que suscita serias dudas sobre la concepción que el Partido Popular tiene en este momento histórico de la evolución del Estado de las Autonomías. Cuando el nuevo Presidente de la Xunta se manifiesta partidario de emprender una reforma del Estatuto de su Comunidad dentro del marco de la vigente Constitución y a la luz de la resolución que dicte el Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán, incurre en un serio desenfoque. En primer lugar, no todo lo que es constitucional es conveniente ni acertado, por lo que su aclaración, aparte de superflua -por supuesto que el ordenamiento básico ha de ser respetado-, resulta inquietante. ¿Es que Feijóo considera que de lo que se trata es de forzar la Constitución hasta el límite para incrementar las competencias autonómicas con independencia de las consecuencias sobre la eficacia y fortaleza del Estado y sobre la cohesión nacional? Estoy seguro que su pensamiento no va en esa dirección, pero sus palabras abren interrogantes perturbadores. En cuanto al Estatuto catalán, no sólo no es una guía a seguir, sino que es un disparate a corregir. Por consiguiente, la alusión al desenlace del asunto en el Constitucional, con el grave riesgo de una sentencia interpretativa que abra la puerta a todo tipo de desmanes, equivale a aceptar una situación que es incompatible con la doctrina del Partido Popular sobre la unidad nacional. Es una lástima que el flamante primer mandatario gallego no haya aprovechado su victoria en las urnas para señalar que su máxima prioridad es el combate contra la crisis económica y que con el fin de no desviar ni un gramo de las energías colectivas de su tierra hacia otros ámbitos, el tema de la reforma estatutaria queda aplazado sine die por no ser ni urgente ni oportuno en la presente etapa. Además, el descarrilamiento del Estado autonómico que ya se ha producido nos aboca, más pronto o más tarde, a una revisión profunda de su arquitectura, muy probablemente mediante una reforma de la Constitución fruto de un gran acuerdo entre los dos grandes partidos nacionales. Cualquier reforma estatutaria en semejantes circunstancias es una posibilidad que no debiera formar parte de la agenda política de ningún dirigente del Partido Popular.  

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CUESTIÓN DE CARÁCTER

               Recomiendo vivamente la lectura de la autobiografía de Barack Obama que lleva por título Los sueños de mi padre. Es un libro escrito antes de ser candidato presidencial y cuando su autor todavía no había pensado seriamente en su aspiración a la primera magistratura norteamericana. Muchos de nuestros políticos en España carecen de una verdadera experiencia vital al llegar al poder. Dedicados al trabajo interno de partido desde su juventud, ascienden en el escalafón de la organización y dedican sus esfuerzos a la intriga, a la lucha cainita y a la adulación de sus mandos. Su fuente de sustento es el desempeño de cargos públicos remunerados o la nómina partidaria y jamás han sabido lo que es montar o dirigir una empresa, hacer una oposición, aprender y ejercer un oficio, bregar para conseguir un puesto de trabajo y para conservarlo;  en definitiva, la realidad cruda, dura y áspera del mundo real, en el que la gente compite, se marca objetivos, triunfa, fracasa, cae, se levanta y se enfrenta todos los días a dificultades y a problemas que le aportan madurez y fortaleza. ZP es un ejemplo paradigmático de este tipo de políticos, hombres y mujeres que desconocen por completo cosas tan meritorias como levantar de la nada un pequeño negocio, buscar desesperadamente clientes, invertir años de estudio y sacrificio para ganar una plaza de profesor, médico, notario, inspector de policía u oficial de las fuerzas armadas, hacer catorce horas diarias al volante de un taxi o jugarse el físico en un andamio. Viven en una burbuja que les impide captar lo que sucede más allá de su mezquino universo de olisqueo de encuestas, de campañas electorales y de búsqueda de la foto oportuna. Por eso el relato de Obama resulta profundamente interesante, porque nos muestra primero a un niño, después a un adolescente y por último a un joven que se ven obligados a superar toda clase de obstáculos, familiares, raciales, económicos y culturales, para llegar a las metas que ellos mismos se han fijado. Nos explica, en un lenguaje sencillo, poderoso y directo, su vida en tres continentes, su obligada adaptación a entornos radicalmente distintos en circunstancias complejas, su conocimiento directo de la pobreza, la ignorancia y la injusticia y su combate entregado y generoso a favor de los más débiles y los más vulnerables. Nos enteramos por su propio testimonio de que se ha alojado en apartamentos infectos de barrios marginales, de que en alguna ocasión ha dormido en la calle, de que frecuentemente ha rozado el hambre o la penuria, y de que ha sobrellevado estas pruebas con buen ánimo y sin perder la esperanza, movido siempre por una indoblegable voluntad de superarse, de mejorar y de ser útil a su familia y a los demás. El general de Gaulle dejó escrito que “en los tiempos ordinarios, son suficientes las inteligencias bien formadas, en los tiempos difíciles hace falta corazón y carácter”.  Las más de cuatrocientas páginas de Los sueños de mi padre nos demuestran que hoy ocupa el Despacho Oval una persona que sirve tanto para las épocas tranquilas como para el fragor de las tormentas.

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SÁLVESE QUIÉN PUEDA

                El hexapartito balear ha decidido imponer el conocimiento del catalán como condición necesaria para ocupar una plaza en el sistema público de salud de las islas. La consecuencia de esta medida es que bastantes profesionales que hoy prestan sus servicios desde hace años  a plena satisfacción de los pacientes deberán acreditar dicha capacidad lingüística o perder su puesto. Un número significativo de facultativos, titulares de enfermería y auxiliares ya han anunciado que no piensan someterse a esta arbitrariedad y que por tanto abandonarán Baleares. Dado que existe en esta Comunidad un déficit de personal cualificado para sus hospitales y ambulatorios, la primacía de la lengua, símbolo definidor de la identidad para los nacionalistas, sobre los intereses reales de la gente, en este caso su bienestar físico y mental, provoca un daño objetivo muy serio. No sólo los ciudadanos enfermos del archipiélago estarán peor atendidos, sino que no habrá suficientes medios humanos para tal cometido, con lo que es muy posible que Antich y sus secuaces causen sufrimientos graves o incluso la muerte a personas a las que la democracia ha puesto bajo su amparo. El hecho de que ni nuestra Constitución ni las leyes vigentes puedan impedir semejante barbaridad demuestra una vez más la necesidad imperiosa de proceder a una reforma en profundidad de nuestro ordenamiento básico. Cada día que pasa sin que los dos principales partidos nacionales actúen unidos ante desmanes de este calibre es una vergüenza y un motivo de incontenible indignación.

                Ahora bien, cuando se produce un atropello monstruoso,  el cuerpo social suele reaccionar espontáneamente por encima de la estructura oficial con el fin de defenderse. Y así ha sucedido también en esta ocasión. Diversos hospitales de otras Comunidades y algunos Gobiernos autonómicos han ofrecido trabajo a los expulsados de Baleares y es de suponer que no pocos de ellos se acogerán a esta oferta. De esta manera, el disparate hacia el que ha evolucionado el Estado de las Autonomías emerge con toda su fuerza. En el seno de una misma Nación, sus ciudadanos se convierten en refugiados políticos en determinados territorios huyendo de intolerables violaciones de sus derechos fundamentales que se perpetran en otros. Lo que vienen padeciendo muchos miles de vascos desde hace décadas, obligados a marcharse de su patria chica para no ser asesinados por ETA, se generaliza por otros procedimientos menos cruentos,  pero igualmente inaceptables, al conjunto de España. Ya que el Partido Socialista y el Partido Popular carecen de la resolución y el coraje exigibles en circunstancias tan desgraciadas, los españoles aplican la solución extrema del sálvese quien pueda. En resumen, que la Nación se desintegra y el oprobio nos sepulta.

                                                                                                                            

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LA INDEPENDENCIA DE BOADELLA

              

Esta mañana he tenido el placer de escuchar a Albert Boadella en una intervención plagada de ingenio y rebosante de iconoclastia en uno de los interesantes desayunos-coloquio que organiza el Foro Nueva Economía. Su cruel análisis del papel de los arquitectos en la cultura moderna y sus ácidos comentarios sobre el papanatismo de los poderosos ante determinadas muestras de arte contemporáneo han hecho las delicias del respetable.  El indomable cómico catalán ha sido presentado por su actual empleadora, Esperanza Aguirre, que le ha cubierto de elogios y le ha prodigado todo tipo de muestras de afecto. Lo cierto es que la numerosa y selecta audiencia lo estaba pasando en grande hasta que Isabel San Sebastián, esa periodista afilada como una daga veneciana, le ha preguntado a quién pensaba votar en las próximas elecciones europeas. Y el autor de Ubú President,  en presencia de la cúpula del Partido Popular de Madrid y de su presidenta, la misma que le ha nombrado director de los Teatros del Canal y le ha acogido generosamente poniéndolo a salvo de la feroz campaña de acoso y aislamiento -eso que él llama con acierto “muerte civil”- a la que le tiene sometido en Cataluña el nacionalismo, no se ha cortado un pelo al anunciar que su sufragio será para… ¡Rosa Díez! Boadella podía haber eludido la pregunta con fórmulas neutras del tipo “No invada usted mi intimidad”, “El voto es secreto”, “No me parece adecuado satisfacer su malsana curiosidad en un acto institucional” o, incluso, en clave críptica y diplomática, recordar la célebre canción en la que se afirma que se puede querer a dos mujeres a la vez y no estar loco. Sin embargo, ha optado por decir simple y llanamente la verdad.           

 Aunque el incidente puede ser visto como una muestra de ingratitud o de falta de tacto por parte del invitado de honor, una lectura más profunda del mismo permite extraer conclusiones muy beneficiosas tanto para Boadella como para Esperanza Aguirre. En unos tiempos de intelectuales orgánicos babeantes de adulación ante sus mecenas políticos y de gobernantes que invierten sumas ingentes en domesticar y en poner a su servicio a escritores, pintores, actores  y directores de cine, el insólito caso de una presidenta de Comunidad Autónoma que ofrece una oportunidad a un artista sobresaliente por la mera razón de la calidad de su trabajo sin exigir a cambio fidelidad o sometimiento, y de un creador que acepta la oferta sin que ello implique la renuncia a un ápice de su libertad de opinión y de criterio, les enaltece a los dos y proporciona a la sociedad un ejemplo impagable. Hasta hoy yo me honraba con la amistad de ambos, después de esta exhibición de altura ética por su parte no sólo me honro, sino que me enorgullezco. 

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NINGUNO SOMOS CHACÓN

El nombramiento de Carme Chacón como ministra de Defensa provocó en su momento el estupor general. Las razones de esta sorpresa fueron básicamente dos: la designada carecía de conocimiento alguno sobre la materia de la que iba a ser titular y su concepto de España, manifestado a través de declaraciones, gestos y posiciones públicas, era totalmente incompatible con el sustentado por los militares que se disponía a dirigir. En concreto, su aparición estelar con una camiseta en la que campeaba el lema “Todos somos Rubianes” dejó en su momento perfectamente claro que su respeto por la Nación protegida por nuestros ejércitos era nulo. El hecho de que una pacifista género progre-tontilón, analfabeta en temas castrenses y con ribetes anti-sistema se dispusiese a tomar el mando por tierra, mar y aire de nuestras tropas encajaba por supuesto en la obsesión zapateril por destruir todo aquello que represente calidad, mérito, dignidad y altura en nuestra sociedad. Una vez arrasada la educación, la unidad nacional, la familia y la economía, le tocaba el turno a las Fuerzas Armadas. Hasta aquí la lógica de la decisión se mostraba impecable. El problema es que en esta tarea de demolición conviene no apretar en exceso el acelerador porque si uno se descuida los inquilinos del inmueble en derribo, es decir, los españoles, pueden alarmarse y rebelarse. Véase al respecto el resultado de las recientes elecciones gallegas. El estropicio causado por esta pobre chica al anunciar la retirada de nuestro contingente en Kosovo sin acordarlo previamente con nuestros aliados de la OTAN, sin avisar al ministerio de Exteriores y sin advertir con antelación suficiente al Secretario General de la Alianza, demuestra hasta qué punto en España vivimos en el reino del despropósito. Ahora hemos sufrido la humillación de tener que rectificar, hemos malogrado la buena disposición inicial de la Administración Obama hacia nuestro país, hemos puesto en peligro los beneficios que no pocas empresas españolas se aprestaban a obtener del plan de reactivación norteamericano y nos hemos cubierto de ridículo. Es verdad que esta ministra de cabeza hueca consultó con Zapatero, pero olvidó que la ignorancia sobre política internacional de su jefe es tan oceánica como la suya. Esta leve Carme, Carmeta, criatureta, en una de las muchas estupideces que ha hecho en su fotogénica vida, se solidarizó con un energúmeno grosero y soez y nos invitó a identificarnos con él. Después de su fastuosa metedura de pata ante los atónitos integrantes de nuestro destacamento en Kosovo, millones de ciudadanos sin duda arden de impaciencia por lucir en su torso o en su espalda una frase que la ponga definitivamente en su sitio: “Ninguno somos Chacón”.   

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LENGUAS DIVINAS

Desde que Cataluña está gobernada por los nacionalistas, es decir, desde que se restauró la Generalitat hace treinta años, se ha impuesto por el poder público una nueva fe: la lingüística. Hasta tal punto la lengua se ha transformado en objeto de culto que las autoridades impiden cualquier forma de crítica o cualquier opinión que a su estrecho juicio atente contra este signo sublime de la identidad. El último ejemplo de semejante fanatismo ha sido la prohibición de colocar publicidad en los autobuses de Barcelona para informar a los ciudadanos de sus derechos legales en relación a la escolarización de sus hijos. En estos mismos vehículos se ha permitido la exhibición de anuncios de promoción del ateismo en los que ante la duda sobre la existencia de Dios se anima a la gente a vivir estupendamente, como si los creyentes no pudiesen pasarlo bien. Sin embargo, una asociación cívica perfectamente honorable dispuesta a pagar la tarifa correspondiente para hacer circular un texto en defensa de la aplicación de ¡una sentencia del Tribunal Supremo!, ha visto rechazada su petición. La pregunta que surge de inmediato es: ¿Cómo una sociedad culta, avanzada y plural como la catalana se somete al dictum de una pandilla totalitaria del calibre de la que ocupa Consejerías, alcaldías, diputaciones, consejos comarcales y demás centros de saqueo del presupuesto y de creación de redes clientelares? De la respuesta y de la búsqueda de soluciones para este desastre depende el futuro de mucha buena gente.  El motivo esgrimido para el atropello ha sido que el anuncio en cuestión es “polémico”. O sea, que en una Comunidad donde viven millones de monoteístas, bastantes de ellos practicantes de sus creencias, poner en cuestión el fundamento mismo de su religión no es polémico, pero exigir que se respeten los derechos de los ciudadanos y el cumplimiento de la ley, sí lo es. En la Cataluña nacionalista, en la Cataluña ensimismada y siniestra de Montilla y de Carod, la lengua catalana está por encima de Dios.