Actualizado: 15 de diciembre de 2010 

Por primera vez desde la muerte de Franco, el Gobierno ha declarado una medida excepcional como el estado de alarma y la militarización de un grupo de trabajadores, que incluye la anulación de su derecho a la sindicación. La última vez que esto sucedió fue en enero de 1976 cuando el gobierno de Arias Navarro impuso la militarización de los trabajadores en huelga del Metro de Madrid. Ante este hecho gravísimo, ¿cuál ha sido la reacción de los dirigentes de las organizaciones de los trabajadores? ¿Cuál debe ser la posición del movimiento obrero? Son cuestiones que hay que debatir, sobre las que hay que tomar posición.

¿Qué es el estado de alarma?

Según la Ley Orgánica que lo regula: “El Gobierno (...) podrá declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad: (...) Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28.2 y 37.2 de la Constitución, y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo”. Los artículos de la Constitución a que hace referencia “reconocen” el derecho a la huelga (28.2) y a adoptar medidas de conflicto colectivo (37.2). Pero, en ambos casos, según la Constitución “La Ley que regule el ejercicio de este derecho” establecerá las “garantías precisas para asegurar” el funcionamiento de los “servicios esenciales de la comunidad”. Ahora les ha tocado a los controladores aéreos, pero está claro que esas medidas pueden aplicarse mañana a los trabajadores del Metro o los autobuses si incumplen servicios mínimos, o a los de AENA si paralizan los aeropuertos en su lucha contra la privatización. A los del aeropuerto del Prat, cuando invadieron las pistas del aeropuerto en su lucha contra los despidos masivos ya se les acusó y condenó por “sedición”, recurriendo a la ley franquista de Navegación Aérea de 1960. Ahora, en virtud de esa misma ley decenas de controladores aéreos han sido citados por la Audiencia Provincial de Madrid, estando amenazados de penas de hasta 8 años de cárcel.

¿Cuál ha sido la posición de los dirigentes de las organizaciones de los trabajadores?

El gobierno Zapatero, tan servil con los banqueros y tan “valiente” con los trabajadores, ha impuesto este decreto de alarma y militarización. Pero ¿han estado los dirigentes de UGT y CCOO a la altura de las circunstancias?

El Secretario de Comunicación de CCOO, Fernando Lezcano, ha declarado que “nada justifica la conducta de los controladores de desprecio a la ciudadanía y a la práctica reivindicativa de los derechos laborales, al ignorar la secuencia legal y pactada de convocatoria de una huelga”. Y CCOO, que “se dirige a los controladores a los que pide que respeten la legislación laboral”, ha añadido que “esperan que el ‘estado de alarma’ decretado por el Ejecutivo (…), esté orientado fundamentalmente a lograr lo antes posible la normalidad en el espacio aéreo y en los aeropuertos”. O sea, que acepta el estado de alarma. El Secretario General de UGT, Cándido Méndez, ha manifestado en declaraciones a varios medios de comunicación, durante el conflicto de los controladores que “este tipo de movilización no está de ninguna manera justificada”. ¡Organizaciones que se han levantado contra el franquismo y sus estados de excepción apoyan al gobierno y echan la culpa a los trabajadores militarizados!

El Secretario General del PCE José Luis Centella, ha manifestado que “este gobierno no ha sabido gestionar este conflicto en el marco del estado de derecho, lo que le ha hecho tomar medidas excepcionales como es el estado de alerta”, añadiendo que “desde el PCE se espera que esta situación se resuelva de la mejor forma y lo más pronto posible”, sin pedir, no obstante, la derogación del estado de alarma. Desde Izquierda Unida, el secretario federal de Economía ha dicho que “la declaración del estado de alarma, medida sin precedentes en la democracia, aplicada como intento de resolver un conflicto social por la vía de una legislación de excepción constituye una decisión muy preocupante, que es inaceptable para Izquierda Unida, especialmente con la anunciada aplicación del Código Penal Militar”, añadiendo que “consideramos que la única forma de recuperar rápidamente la normalidad para evitar mayores perjuicios a los cientos de miles de ciudadanos afectados es la vuelta a la negociación y un inmediato acuerdo entre las partes” ¿Qué negociación cabe cuando los controladores militarizados han perdido su derecho a la sindicación? ¿No exigiría eso hacer campaña por la inmediata derogación del estado de alarma y la militarización?

Los controladores, “esos privilegiados”

El Gobierno y los medios de comunicación vinculados al capital han orquestado una campaña contra los controladores, “unos privilegiados”. Para el capital, sin duda, los derechos de los trabajadores son siempre “privilegios”, que “lastran la competitividad de las empresas”. Que ellos ganen miles de millones es lo normal, pero si un trabajador altamente cualificado que desempeña un trabajo de alta responsabilidad está bien pagado, es un escándalo.

“Privilegiados” –según ellos– son los médicos, los técnicos, los pilotos, los conductores del metro, los funcionarios, los trabajadores europeos, etc., etc. Lo malo es cuando esa opinión la comparten y difunden dirigentes de organizaciones que representan a los trabajadores.

El Gobierno ha decretado que la jornada laboral de unos trabajadores debe calcularse computando como tiempo no trabajado las bajas por enfermedad y los permisos sindicales, ha prohibido su sindicación, los ha militarizado a la fuerza usando para ello una ley franquista de 1960. Ha impuesto un decreto que sacó este viernes 3, víspera del puente de la “Constitución”, en el que modifica unilateralmente las condiciones de los controladores aéreos pactadas en convenio. ¿Quién puede pensar que esto no se va a extender a otros trabajadores, a otros sectores?

Hace año y medio, el Gobierno modificó por decreto el convenio colectivo de los controladores, escudándose en el “interés general”. Los dirigentes sindicales no abrieron la boca. Unos meses después, ese mismo gobierno rebajaba por decreto el salario de 3 millones de empleados públicos, anulando más de un centenar de convenios colectivos. Alegó lo mismo, el “interés general”. Como ahora.

AENA lleva años sin cubrir las plazas necesarias, obligando a los trabajadores a cubrir los huecos con horas extras (para decir luego que “cobran mucho”). España tiene el 40% del tráfico aéreo europeo con la mitad de controladores que tiene Alemania con el 12% del tráfico europeo.

A los que dicen que los controladores son “unos privilegiados que han dejado a 600.000 personas sin viajar en un puente”, hay que contestarles que privilegiados son los banqueros, que con sus maquinaciones especulativas han dejado en el paro a tres millones de personas, y el gobierno, en vez de militarizarlos, les ha entregado miles de millones de ayudas públicas y se reúne con ellos en La Moncloa para decidir su política.

Por los derechos y libertades sindicales

Lezcano ha recomendado a los controladores que convoquen una huelga legal. A más de un trabajador de los servicios públicos le habrá parecido una tomadura de pelo que se le recomiende esperar 10 días para responder a unas medidas que el Gobierno toma por decreto, y que vaya a una huelga donde muy probablemente el Gobierno obligue a cumplir servicios mínimos del 100%.

No es casual que el decreto contra los controladores coincida con el anuncio de la privatización de los aeropuertos. Anulando por decreto los convenios de los controladores, como antes de los empleados públicos, el Gobierno Zapatero deja claro que todos los convenios, todos los derechos de los trabajadores, se deben someter a las exigencias de los especuladores de bajar el coste del trabajo, al pago multiplicado a los banqueros de la deuda estatal y de las empresas. Si hace falta, limitando las reacciones de protesta con recortes de libertades, imposiciones militares y acusaciones de delitos de la legislación franquista. Esto lo vimos con los trabajadores de tierra del aeropuerto de El Prat. Es incomprensible que los principales dirigentes de nuestras organizaciones sindicales no defiendan el derecho de huelga y el respecto de los convenios de los controladores: es la misma agresión que sufrieron en mayo los empleados públicos, a los que también se acusó de privilegiados aunque muchos apenas sean mileuristas.

Desde todas partes animamos a hacer campaña, a firmar cartas y mociones exigiendo a la Moncloa la retirada inmediata del estado de alarma y de la militarización de los controladores.