Actualizado: 26 de mayo de 2009 

Tras el debate en el Congreso de los Diputados (en el que ninguna resolución, propuesta, o intervención puso en cuestión la entrega de cientos de miles de millones a los bancos, que condiciona toda la política, todo el gasto, del gobierno. Sobre eso parece haber el más amplio consenso), los medios de comunicación han hablado de la “victoria de Zapatero frente a Rajoy” o de los difíciles equilibrios y pactos con unos y otros que ha hecho el gobierno para aprobar las 45 resoluciones surgidas en el debate, dejando sin concretar muchas de las propuestas.

La debilidad política del gobierno ZP, que es el resultado de haber vuelto la espalda a sus electores y su base social, y guiarse fundamentalmente por los dictados de Bruselas, le pone cada día más en manos de la derecha económica y política (que, como demostraron las palabras ante el micrófono inadvertidamente abierto del presidente de la CEOE, Díaz Ferrán, busca la caída del gobierno y suspira por un gobierno como el de Esperanza Aguirre).

¿Qué quieren las multinacionales de este gobierno?

Tras el discurso de ZP que abrió el debate, la prensa de la Patronal pedía un “pacto de estado” y adelantaba la política que ese pacto debería aplicar.

El editorial de 5 Días decía: “Lo que no dijo Zapatero ayer merece atención especial. Primero, la falta de ese gran pacto de Estado demandado desde diversos foros, incluidos los agentes sociales. Es un error de Gobierno y oposición no sentarse a negociar este acuerdo”, en tanto que en el de Expansión podíamos leer que “lo más decepcionante es que cualquier posibilidad de un gran acuerdo entre PSOE y PP con medidas de calado es pura utopía”.

Las medidas que reclaman son de todos conocidas: reforma laboral, recorte de impuestos... Para 5 Días, “lo que más se echó en falta ayer en el discurso del presidente fue la reforma laboral (...) la dualidad del mercado entre temporales (...) y el resto de los trabajadores no puede continuar”, mientras que Expansión apoyaba la eliminación de la desgravación por compra de vivienda, que “puede espolear la demanda para dar salida al colosal stock de pisos”., y decía que “el Gobierno debería devolver a los contribuyentes los 4.000 millones que se van a liberar”. También lamentaba que “Zapatero se resista a las reformas necesarias, subordine su política a un populismo cortoplacista, a placebos oportunistas, y fíe la salida de la crisis sólo a la recuperación mundial sin poner los remedios adecuados que requiere la economía a largo plazo”.

Para estos plumíferos de la Patronal, el único paso en el “buen sentido” es la resolución aprobada a propuesta de UPyD, PP y CiU, de “lograr un pacto nacional para garantizar las pensiones”: volver a la maquinaria del Pacto de Toledo para proponer nuevos recortes.

La reforma laboral pactada con CiU

Antes del debate, se hizo público que el PSOE y los representantes de la burguesía “catalanista” de CiU habían acordado una resolución conjunta que según la prensa debía “impulsar una reforma laboral que amplíe la cobertura por desempleo, acabe con la dualidad entre la contratación temporal y la indefinida, que flexibilice la negociación colectiva y permita al sector privado intervenir en la recolocación de los parados”, es decir, todas las exigencias de flexiguridad y privatizaciones que Bruselas y la patronal viene exigiendo.

Esa propuesta no se llegó a presentar en el debate, tras del cual el portavoz de CiU en el Congreso, Duran Lleida, escribía en su carta web semanal que el PSOE ha demostrado que “no es de fiar” porque, con una actitud “impresentable”, se desdijo de la resolución pactada con CiU, añadiendo que “es inexplicable que cuando se llega a un acuerdo no se cumpla. Y si, además, el acuerdo está suscrito en un documento público, como pasa a ser cualquier documento que se registre en el Congreso de los Diputados, la actitud es aún más incomprensible e inaceptable”.

Durán atribuía el paso atrás del PSOE a que según él, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, es “prisionero de los sindicatos”. El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, le daba la razón al decir que “ha sido la presión sindical la que ha logrado desactivar ese gravísimo error que lastraba la negociación de la concertación social”.

Los partidos de la burguesía, como CiU, al igual que los periódicos de la patronal antes citados, exigen al gobierno que dé pasos más decididos en aplicación del programa de las multinacionales, y que fuerce a los dirigentes de UGT y CCOO a cooperar en ese terreno o que lo aplique sin temer a un enfrentamiento abierto con los sindicatos. Pero ZP sigue pensando que es una apuesta demasiado arriesgada.

De vuelta al diálogo social

El libro de recetas de la Unión Europea recomienda aplicar todos los recortes sociales por medio del diálogo con los interlocutores sociales, es decir, implicar a los dirigentes de los sindicatos en la aplicación de las políticas que Bruselas ordena, al dictado de las multinacionales. Para eso se creó la llamada Confedera-ción Europea de Sindicatos, auténtico lobby de la Comisión Europea dentro del movimiento sindical.

No es un capricho. Parten de una constatación: en ausencia de una derrota profunda de los trabajadores, sin la cooperación de los dirigentes sindicales no es posible aplicar los recortes sociales que planean, o hay que hacerlo a un ritmo excesivamente lento para sus expectativas.

ZP quiere aplicar su política por medio del diálogo social. Una de las 14 resoluciones aprobadas en el debate sobre el estado de la nación a propuesta del PSOE llama a dar “impulso al diálogo social para recuperar la economía y el empleo”. Y otra resolución, propuesta por UPN y también aprobada, acuerda “emplazar al Gobierno a acordar una hoja de ruta con partidos y agentes sociales para adoptar las medidas que permitan salir de la crisis”

Los dirigentes de UGT y CCOO también son firmes partidarios del “diálogo social”. Esta semana han presentado unas propuestas sindicales para un acuerdo por el empleo y la protección social, en cuya justificación dicen que “el diálogo social hoy está languideciendo y por ello las confederaciones sindicales de CCOO y UGT proponemos un acuerdo de carácter estatal a favor del empleo y la protección social, para el impulso de la economía y el cambio de modelo productivo, que sirva para salir más pronto que tarde de la crisis, con los menores costes sociales posibles”. Apoyando las medidas tomadas por el gobierno, se ofrecen para colaborar en su seguimiento e incluso señalan que “si se modifican las pretensiones empresariales, no hemos renunciado a que se recupere la negociación del ANC”

En el debate no se ha presentado la propuesta que según la prensa el gobierno tenía preparada de ampliar la duración del subsidio de desempleo y la renta de inserción. Aunque ampliar esta última requiere acuerdos con las autonomías, que la administran, puede que este sea el caramelo que ZP tiene listo para el “diálogo social” y la posible excusa de los dirigentes de UGT y CCOO para aceptar algunos recortes sociales a cambio. Sólo se ha aprobado una resolución propuesta por IU-ICV para “ampliar la cobertura a los desempleados”.

¿A dónde va el gobierno de Zapatero?

Un gobierno que da la espalda a su base social sierra la rama sobre la que se sienta. Las encuestas anuncian que los votantes del PSOE tienen muy pocas intenciones de participar en las elecciones europeas, lo que demuestra un doble rechazo, hacia “Europa” (es decir, la UE y sus política) y hacia la política del gobierno.

¿Un nuevo acuerdo del diálogo social que suponga una reforma laboral o recortes de salarios y conquistas sociales fortalecería al gobierno? No parece que medidas de recorte de derechos de los trabajadores emanadas del mismo gobierno que ha entregado cientos de miles de millones a los banqueros puedan hacerle ganar apoyos. Y sin duda, tampoco fortalecerían la posición de los sindicatos.

Lo que necesitarían los trabajadores es un gobierno con otra política, que se apoye en los sindicatos para tomar medidas a favor de los trabajadores, para acabar con la oleada de EREs y prohibir los despidos, para defender la Universidad Pública y romper con el Plan Bolonia.

La campaña del POSI por la prohibición de los despidos apunta a esa salida. Nuestra campaña en las elecciones europeas, continuidad de esa campaña, señala que para ello es preciso romper con la Unión Europea.