7 Marzo 2008
Continúa el conflicto de TMB
El conflicto laboral que enfrenta a los conductores de autobuses con la empresa Transportes Metropolitanos de Barcelona amenaza con eternizarse. Entre diciembre y enero los sindicatos convocaron siete días de huelga, a los que se suman ahora los cinco de esta primera semana de marzo. Los paros continuarán todos los jueves de forma indefinida. Por su parte, la empresa ha manifestado en reiteradas ocasiones que no negociará mientras no se desconvoquen los paros. Si ambas partes mantienen sus posiciones, será imposible llegar a un acuerdo. Mientras tanto, las administraciones siguen sin tomar cartas en el asunto, absortas como están en el desarrollo de las elecciones generales. A los responsables políticos no parece preocuparles los trastornos que esta situación ocasiona a miles de ciudadanos.
Llueve sobre mojado. El año pasado acabó con las desastrosas consecuencias de la falta de planificación de las obras del AVE, que provocó el caos en los accesos urbanos, daños materiales en las infraestructuras, molestias a los usuarios y daños morales a muchos vecinos, especialmente en El Prat, Gornal y Bellvitge, la franja que se ha visto más damnificada por culpa de la inusitada prisa de las autoridades por hacer llegar cuanto antes la vía a Sants. Ello se ha realizado no importando el precio que hayan tenido que pagar los ciudadanos. Es un patrón al que ya estamos acostumbrados: Las decisiones de los responsables políticos, basadas en meros cálculos de conveniencia electoral, no tienen en cuenta los intereses de los ciudadanos, repercutiendo dramáticamente en éstos, que son finalmente quienes acaban pagando las consecuencias.
Pero si el pasado año fue especialmente nefasto para las infraestructuras, éste no se presenta más tranquilo. Cuando no es que cae una catenaria, descarrilan unos cuantos vagones o se produce el hundimiento de la calzada sobre una galería de metro en construcción. Estos incidentes son casi diarios, provocando los consabidos retrasos, suspensiones y colapsos de los servicios del transporte público. Son tan habituales que ya nadie se sorprende. Se han convertido, por emplear un lenguaje caro a nuestras élites políticas, en una característica “propia” de la geografía urbana, como los turistas de las Ramblas o las obras de la Sagrada Familia.
Pues bien, estas huelgas interminables de los conductores de los autobuses metropolitanos no logran sino empeorar las cosas, aún más si cabe. Hay que reconocer que los conductores aguantan unas condiciones laborales duras, con horarios exigentes, y que disponen de un solo día de descanso semanal. Sus reivindicaciones son razonables. Solicitan una ampliación de la plantilla para atender mejor a los usuarios, y dos días de descanso a la semana. Son sin duda aspiraciones legítimas y atendibles. No lo son tanto los métodos utilizados. Algunos trabajadores parecen no darse cuenta de que quienes salen más perjudicados por estas movilizaciones son los usuarios del transporte público, no la empresa, que gana en el aumento de los desplazamientos en el metro lo que pudiera perder por la inmovilización de los autobuses. Muchas de las personas que se desplazan diariamente en autobús soportan condiciones de trabajo tan duras o peores que las de los propios conductores. Un poco de solidaridad cabría esperar por su parte.
Sin embargo, el papel más vergonzoso corresponde a los responsables políticos. De ellos deberíamos poder esperar que mostraran algún tipo de preocupación por los problemas de los ciudadanos. Pero hasta ahora no hemos oído sino lamentos. Ninguna iniciativa que contribuya a solventar el problema. El alcalde Jordi Hereu llegó a decir en enero que estaba “cansado de gestionar las crisis”. Podríamos elogiar su sinceridad si no fuera porque constituye una patética manifestación de impotencia, fastidio y falta de voluntad por asumir las responsabilidades inherentes al cargo y ejercer su autoridad. Ni el alcalde ni ningún otro responsable del Ayuntamiento o la Generalitat han mostrado interés alguno por actuar, como sería su deber, para obligar a las partes a llegar a un acuerdo, en beneficio del interés común. Un vez más vemos cómo los políticos se inhiben y los ciudadanos resultan perjudicados por ello.
Lo que necesitamos ahora más que nunca son políticos competentes que se dediquen a tratar de resolver los problemas cotidianos, como los del transporte, la atención sanitaria o el acceso a la vivienda. ¿Es eso mucho pedir? Al parecer, sí. Los políticos actuales están dando sobradas muestra de incompetencia. O no son capaces, o su prioridad no es la de atender las necesidades de la gente. En el primer caso deberían dimitir. Si no es así, una ciudadanía no lo bastante anestesiada debería tomar nota y ser capaz de expulsarlos de las instituciones mediante su voto.
Koldo Blanco
C’s-Federación de Barcelona